MANIFIESTO POR UNA LEY INTEGRAL DEL AMIANTO

El uso industrial del amianto ha supuesto un desastre global sin precedentes, que en el caso del Estado español puede alcanzar la cifra total de 130.000 fallecidos1 en 2050, un 40% de ellos aún por llegar.

A pesar de la prohibición de la importación y producción del amianto en 2002, es un problema de salud pública, medioambiental y laboral, del pasado, presente y futuro que afecta gravemente a nuestra sociedad.

Y sin embargo aún no se ha abordado un instrumento legislativo para erradicar el amianto de nuestras vidas, lo que es especialmente grave si consideramos que no existe nivel de exposición segura al amianto, y además se estima que el 65% del amianto instalado en todo el territorio español ha finalizado su vida útil (30‐35 años)2, lo que incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales al ambiente.

La presencia del amianto nos rodea como una telaraña global: los vertidos ilegales en los entornos urbanos y rurales, la presencia del fibrocemento por doquier, en tejados de viviendas y naves industriales, tuberías de abastecimiento de agua; los proyectados de amianto en estructuras; miles de productos presentes en todo tipo de edificaciones, públicas y privadas contienen amianto, especialmente en nuestros centros educativos y en viviendas, como han puesto de manifiesto en diferentes ocasiones las AMPA’s y colectivos vecinales en todo el territorio español; en las instalaciones e infraestructuras de transporte como los ferrocarriles, en los barcos y en los casos de Metro de Madrid y Barcelona; los terrenos contaminados por los vertidos de las industrias del amianto en multitud de poblaciones, como Santa María de Benquerencia (Toledo) con un vertido de 90.000 toneladas de amianto y Altza (Donostia), Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y Bellavista (Sevilla) entre los casos más graves; y la inaceptable situación de vertederos de “residuos no peligrosos” que acumulan residuos con amianto, como la tragedia sanitaria y medioambiental en el caso de Zaldibar (Vizcaya).

Es necesario, urgente e inaplazable trasladar el concepto de que la salud es lo primero, al contexto del amianto. Hoy estamos a tiempo de salvar decenas de miles de vidas y de evitar prolongar la pandemia de casos de cáncer y otras enfermedades derivadas de la exposición al amianto.

Para conseguir tal objetivo, contamos con contundentes precedentes: la Resolución del Parlamento Europeo sobre los “Riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente” (2012/2065 (IHI)), sí como el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre “Erradicar el amianto en la UE” (2015/C 251/03) que precisamente vinieron a describir de forma detallada la extraordinaria envergadura del problema al que nos enfrentamos, con unas cifras de víctimas que ya en 2019 se han triplicado, según el Dictamen del CESE de 2019 sobre «Trabajo con amianto en la renovación energética» (2019/C 240/04) ascendería a 88.000 vidas en Europa cada año, lo que representa el 55‐ 85 % de los cánceres de pulmón en el trabajo.

Además del drama de la pérdida de vidas evitables nos enfrentamos al problema del infra‐ reconocimiento de estas patologías como enfermedades profesionales. Sólo el 9% de los hombres que fallecieron en todo el territorio español entre 2007 y 2017 por mesotelioma derivado de la exposición laboral al amianto fueron reconocidos como enfermos profesionales. En el caso del cáncer bronco‐pulmonar derivado del amianto, ese porcentaje se reduce hasta al 0,44%. La situación es aún más acusada entre las mujeres, con tan solo un 0,9% de fallecidas por mesotelioma y un 0,05% de 3 fallecidas por cáncer bronco‐pulmonar derivados de las exposición laboral al amianto reconocidas3. Un doble drama.

Los estudios epidemiológicos actuales confirman la tendencia al incremento de cifras de víctimas y del número de afectados por exposición ambiental. El largo periodo de latencia de las enfermedades del amianto provocará que tengamos víctimas del amianto al menos hasta 2040, que podrá aumentar si permitimos que continúe la exposición al amianto.

La Resolución del Parlamento Europeo vino a establecer 62 demandas específicas dirigidas a los legisladores europeos y nacionales, para abordar de una forma integral y decidida la erradicación del amianto en la UE y evitar así que siga representando un problema de primera magnitud para generaciones futuras. Con la misma contundencia se ha manifestado en 2015 el Consejo Económico y Social Europeo, en su Dictamen sobre “Erradicar el amianto en la UE” (2015/C 251/03), que insiste en el carácter prioritario que deben tener para los estados miembros y para toda la UE la eliminación del amianto de forma segura, estableciendo un plazo máximo para el año 2032.

Tanto la Resolución del Parlamento Europeo como el Dictamen del CESE se aprobaron con más de un 90% de votos a favor, y nos aportan contundentes criterios y señalan el camino y las soluciones para afrontar el grave problema del amianto en España.

Además de las muertes que ocasiona la pandemia del amianto, el Parlamento Europeo reconoce que también resulta un lastre para la economía; particularmente, los problemas relacionados con la salud y la seguridad en el lugar de trabajo constituyen un obstáculo al crecimiento y la competitividad, causando al mismo tiempo un incremento desproporcionado de los costes de seguridad social. También, el Parlamento Europeo considera que la erradicación del amianto de edificios, en particular en Estados miembros y en las zonas rurales con menor desarrollo económico, supone una carga financiera para los propios Estados, regiones y particulares, que precisa del apoyo activo a escala estatal y de la Unión Europea.

En el contexto actual derivado de la crisis sanitaria, social y económica originada por la pandemia de la Covid‐19, la UE ha confirmado la puesta en marcha de un ambicioso plan de reconstrucción en Europa, y el BCE recientemente ha anunciado un incremento de fondos de emergencia para afrontar esta crisis. Es la ocasión de acometer un ambicioso proyecto que proteja la salud y el medioambiente de los españoles, como el que proponemos las organizaciones y personas firmantes de este manifiesto, por lo que:

Solicitamos al gobierno español que aborde decididamente y con la máxima celeridad un proyecto de Ley Integral del Amianto, que permita proporcionar una visión global y transversal del problema y mediante una reglamentación moderna y oportuna, normalizar y canalizar y las soluciones en los distintos ámbitos, evitando, como hasta ahora, respuestas insuficientes y fragmentadas. Esta iniciativa colocaría a nuestro país en una posición de vanguardia en la UE y referente internacional en la lucha contra la crisis del amianto en el mundo.

Los ejes de esta ley integral serían, de forma no excluyente, los siguientes:

  • Un sistema eficaz y justo para la detección activa y precoz de las enfermedades provocadas por el amianto, y del reconocimiento directo de la condición y derechos que deben otorgarse a las personas afectadas por estas enfermedades, entre los que se deberán incluir:
    1. InstituirunFondodeIndemnizaciónparalasvíctimasdelamiantoyfamiliares(FIVA).
    2. Una adecuada vigilancia y atención médica.
    3. Modificación y ampliación del cuadro de enfermedades profesionales.
    4. Coeficientes reductores jubilación en el ámbito laboral.
    5. Imprescriptibilidad de la responsabilidad empresarial.
  • Reconocimiento institucional a la memoria de las víctimas del amianto y asistencia, ayuda y acompañamiento social para las personas afectadas por el amianto y sus familiares.
  • Desarrollar proyectos de inversión en la investigación científica pública y privada para obtener métodos de diagnóstico precoz de los cánceres del amianto, particularmente del mesotelioma, y lograr avances significativos en el tratamiento de las personas afectadas y especialmente en el campo de la inmunoterapia.
  • Adecuación del Registro de Empresa con Riesgo por Amianto (RERA):
    • RERA a través de un sistema único estatal y accesible de inscripción obligatoria y de oficio de todas las empresas o actividades en las que ha existido exposición al amianto, antes o después de la prohibición.
    • Regulación específica para la evaluación, autorización y control (incluidas la determinación de incompatibilidades o reglas de independencia entre actividades) de las entidades especializadas incluidas en el RERA para la 1) la identificación y evaluación del amianto presente en edificios, tierras, infraestructuras, instalaciones industriales, 2) la retirada de materiales con amianto 3) la gestión, depósito y eliminación de los residuos con amianto, incluyendo tierras contaminadas.
  • Actualización y normalización de valores límites de exposición (laboral, medioambiental y salud pública) y de las técnicas de detección y muestreo del amianto tanto en aire como en superficies, tierras y aguas, y de los procesos y técnicas analíticas en laboratorios.
  • Un censo estatal del amianto instalado en sus diferentes aplicaciones y contextos en edificios, infraestructuras, instalaciones, vertidos y vertederos en todo el territorio Español.
  • Establecimiento de los periodos de vida útil de materiales o aplicaciones con amianto, y de obligaciones y protocolos para la evaluación y monitorización del riesgo, mientras tanto se procede a su eliminación.
  • Plan estatal de erradicación segura del amianto, que comprenda tanto el asbesto instalado como los residuos controlados o no controlados, así como suelos contaminados: con prioridades y fases de actuación, iniciando la erradicación en colegios, polideportivos y entornos con presencia de niños, debido a su especial sensibilidad al amianto; y continuando por hospitales, edificios e instalaciones públicas e infraestructuras de transporte; un Plan que permita alcanzar el objetivo de que España esté libre de amianto en el año 2028.
  • Plan estatal de gestión y control de residuos con amianto, que incluya la destrucción segura de las fibras utilizando las mejores técnicas disponibles, para su conversión en residuos no peligrosos y su posible valorización. Eliminación progresiva de su almacenamiento en vertederos, tras la elaboración de un inventario de vertederos con esos residuos, para evitar trasladar el problema a las generaciones futuras
  • Plan interanual de financiación co‐participativa en los dos puntos anteriores (Estado‐CCAA‐Aytos‐ UE‐Privados)
  • Políticas coordinadas destinadas a la información, formación y cualificación profesional de profesionales sanitarios y técnicos, de trabajadores cualificados para la retirada y gestión del amianto, y de divulgación y concienciación general de los problemas relacionados con el amianto.
  • Participación y liderazgo en el fomento y desarrollo de políticas internacionales para la erradicación universal del amianto, con especial atención al control y prohibición del tránsito de materiales con amianto en nuestro territorio.

(1) Se estima 1 fallecido por cada 20 toneladas de amianto importado/consumido, segun Furuya S, Chimed‐Ochir O, Takahashi K, et al. Global asbestos disaster. Int J Environ Res Public Health 2018;15:1000; en el caso de España el volumen total estimado es de 2.600.000 toneladas de amianto.

(2) Estimación del Instituto Nacional de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo (Ministerio de Trabajo).

(3) Menéndez‐Navarro A, García‐Gómez M, Gallego Fernández AJ. Las causas del infra‐reconocimiento de los cánceres del amianto por el sistema español de Seguridad Social (2007‐2016). Madrid: Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT‐CEC; 2019]

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